Jesús Penelas | Lugo www.elpais.com 16/09/2011
El Ayuntamiento emprendió obras sin autorización de Patrimonio.
La Dirección Xeral de Patrimonio, de la Consellería de Cultura, inició el pasado miércoles los trámites para la incoación de un expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Lugo por acometer una obra sin el Plan de Seguimiento Arqueológico. Los trabajos afectaron a un sistema de calefacción romana, con el que los antiguos moradores de Lugo calentaban sus casas. Dicho informe, que debe elaborar el consistorio y autorizarlo la consellería, es obligatorio para todas las acciones que comporten movimiento de tierras dentro del ámbito de protección del Plan Especial de Protección, Rehabilitación y Reforma Interior (Pepri) del recinto amurallado de la ciudad.
La actuación incluida en el proyecto de mejora del alumbrado público de la Praza de Santo Domingo, inaugurada precisamente ayer, comenzó en enero del presente año bajo la dirección política de la Concejalía de Infraestructuras, que estaba dirigida por el socialista José Piñeiro. En esa fecha, y cuando se realizaban labores de perforación del suelo, técnicos independientes y de la jefatura provincial de la Consellería de Cultura observaron, según el gabinete de comunicación de este organismo, «indicios» de una posible destrucción de parte de un hipocausto romano, mecanismo que servía para calentar las habitaciones de las casas de los antiguos habitantes de la ciudad.
Según denunció la Xunta en su día, una vez iniciada la excavación habían aparecido restos «parcialmente destruidos», algunos de los cuales habían ido a parar a un «contenedor de escombros».
Tras indagar la situación legal de la obra, y en vista de que no había constancia de que existiese el Plan de Seguimiento Arqueológico, la jefatura provincial de Cultura decidió ordenar al Ayuntamiento el día 13 de enero la paralización de los trabajos. Posteriormente, las obras se reiniciaron tras presentarse el dicho plan.
Según la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, estos hechos constituyen una infracción grave, al realizarse una intervención en un bien declarado o catalogado sin la preceptiva autorización de la Consellería de Cultura. Esta misma normativa establece una sanción de entre 60.101 y 150.253 euros para este tipo de casos.
Mientras se espera una decisión definitiva, desde el Ayuntamiento, la actual edil de Infraestructuras, la nacionalista Paz Abraira, confirmó que «la obra había comenzado sin el control arqueológico correspondiente», pero en todo caso, «el Gobierno local presentará las alegaciones correspondientes al expediente». La edil del BNG aseveró que el gobierno local «debe dar ejemplo» en el cumplimiento de las normas, y por eso, a partir de ahora, se hará un «estricto» control arqueológico de todas las obras en la zona afectada por el Pepri.
Por su parte, el Partido Popular, a través de su concejal Isabel Devesa, criticó las «desastrosas» consecuencias económicas que supone para los ciudadanos la «mala gestión» que hace el Gobierno local al llevar a cabo sus actuaciones.
