Jaén www.terra.es 11/05/2008

El 1 de febrero de 2006 fue a juicio Rafael C.D., constructor de Jaén que admitió haber expoliado los restos de una almazara romana (siglo I y II) en la zona del Bulevar de Jaén, de la que se llevó varias piedras. A cambio del reconocimiento explícito de su culpabilidad logró una rebaja sustancial de la pena al pasar de los 4 años iniciales, que pedía el Fiscal, y los dejó en un año de prisión y una multa de 1.620 euros. Es el único ejemplo en los últimos años de un caso de expolio del patrimonio histórico que haya llegado a juicio y se haya zanjado con una condena penal en la provincia.

Fuentes de sección de la Fiscalía especializada en la lucha contra estos delitos indican que actualmente se prepara la acusación contra otra persona por destruir a conciencia unos restos romanos durante las obras -que se hacían de noche para no llamar la atención- de una balsa de riego cerca Úbeda, en el paraje Cerro Porrero. Se le acusará de daños, no de robo. Y no hay más. Con estas cifras se podría pensar que en la tercera provincia andaluza con un patrimonio histórico más rico (por su número de yacimientos catalogados) el expolio arqueológico es una cuestión anecdótica.

Nada más lejos de la realidad. Sólo en lo que va de año hay constancia de asaltos y daños en el yacimiento del Giribaile (Vilches), de un mosaico romano en Linares-Baeza, y de daños al patrimonio minero del distrito de Linares-La Carolina (donde el año pasado el Colectivo Proyecto Arrayanes presentó una treintena de denuncias). Éso que se tenga constancia, porque en la provincia hay, según datos de la delegación de Cultura, unos 2.400 yacimientos (seis propiedad de la Junta) y a día de hoy ni uno sólo cuenta con más vigilancia que las rondas de las patrullas de la Guardia Civil.

En los últimos años ha habido además serios ataques contra Otíñar, donde se incoaron diligencias penales por los destrozos y expolios, y se ha actuado penalmente contra construcciones ilegales en el entorno de Plaza de Armas de Puente Tablas tras una denuncia de Amigos de los Iberos (aunque por delitos urbanísticos, no contra el patrimonio). ‘Como ya mencionábamos en la Memoria del año anterior, a pesar del rico patrimonio histórico y cultural de la provincia de Jaén, el número de diligencias judiciales sobre patrimonio es muy limitado’. La coletilla se repita año tras año en la Memoria de la Fiscalía.

Sin embargo, hay constancia de que la actividad de los expoliadores no cesa. La cifra de ‘piteros’ -personas que recorren zonas de interés arqueológico con detectores de metales- a los que se denuncia cada año se mantiene estable. Si en 2005 la Guardia Civil dio la cifra oficial de 31 denuncias ese año, Cultura informó de que en 2007 fueron una treintena. Casi tres al mes. Durante años, yacimientos de la importancia de Cástulo sólo tuvieron como defensa contra ellos un ingenioso sistema: sembrarlo todo de chapas de latas de refresco, para volverlos locos. Ahora, al menos hay una valla.

El expolio es delito, y como tal se juzga a quienes lo cometen. Lo que ocurre es que hay pocos medios para atrapar a los delincuentes y para proteger los yacimientos. En la práctica, muy pocos acaban delante de un juez. El fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, una autoridad en la materia, cree que no hay ninguna fórmula para establecer un ‘precio’ para una pieza arqueológica expoliada. De hecho, piensa que sería bueno que esa idea figurase en el Código Penal para resaltar la gravedad de la conducta de los expoliadores.