 El
propietario
de
una
casa
palaciega
de
Argote
de
Molina
lleva
ocho
meses
obviando
toda
clase
de
requerimientos
por
parte
de
Cultura
Diego
Molina
Pérez,
propietario
de
una
casa
palaciega
del
siglo
XVIII
ubicada
en
el
número
30
de
la
céntrica
calle
Argote
de
Molina,
lleva
ocho
meses
eludiendo
los
reiterados
requerimientos
que,
bien
por
teléfono,
bien
por
carta
certificada
o
incluso
a
través
de
visitas
giradas
por
técnicos
a
su
domicilio,
le
ha
hecho
la
Delegación
provincial
de
Cultura
de
la
Junta
de
Andalucía.
La
reclamación
no
tiene
otra
finalidad
que
la
devolución
de
un
valioso
pedestal
romano
aparecido
de
modo
fortuito
en
una
de
las
dependencias
del
inmueble
durante
las
primeras
obras
de
rehabilitación
acometidas
con
vistas
a
su
conversión
en
hotel.
El
propietario,
que
tras
el
hallazgo
el
pasado
agosto
cumplió
con
su
deber
de
informar
a
las
autoridades
sobre
el
hallazgo
(lo
que
no
siempre
ocurre,
pese
a
la
claridad
de
la
ley,
que
establece
que
el
patrimonio
arqueológico
es
de
dominio
público
por
más
que
aparezca
en
terreno
privado),
está
sin
embargo
torpedeando
la
recuperación
de
la
pieza
por
parte
de
Cultura,
cuyos
técnicos
ni
siquiera
logran
dar
con
él.
Tampoco
este
diario
lo
ha
conseguido,
pues
siempre
es
un
primo
o
un
amigo
quien
dice
estar
al
otro
lado
del
teléfono,
afirmando
que
Diego
Molina
está
"ilocalizable
en
la
sierra
de
Huelva".
Lo
cierto
y
verdad
es
que,
ante
la
imposibilidad
por
parte
de
Cultura
de
cumplir
con
su
obligación
de
tutelar
la
pieza,
el
delegado
provincial
de
Cultura
ha
dado
orden
para
interponer
con
urgencia
un
edicto
en
el
BOJA,
paso
obligado
antes
de
que
el
asunto
llegue
a
manos
del
juez.
De
no
mediar
respuesta
por
parte
del
propietario,
el
juez
podrá
habilitar
a
la
Policía
para
entrar
en
el
edificio
y
rescatar
la
pieza.
Los
costes
del
traslado
(su
peso
exige
para
su
manipulación
de
una
grúa),
embalado
y
transporte
hasta
su
destino
natural,
el
Museo
Arqueológico
Provincial
de
Sevilla,
los
afrontaría
Cultura
de
modo
subsidiario,
reclamándoselos
después
por
vía
ejecutiva
al
propietario,
pudiendo
dar
lugar
a
embargo.
El
proceder
de
Diego
Molina
tiene
extrañada
a
la
Junta,
que
también
el
pasado
mes
de
octubre
le
abrió
expediente
por
excederse
en
las
reformas
proyectadas
en
el
edificio
(que
está
altamente
protegido),
lo
que
podría
ser
objeto
de
una
sanción
económica.
El
expediente
originó
la
paralización
del
curso
de
las
obras,
lo
que
el
propietario
y
promotor
no
respetó
en
varias
ocasiones,
dando
orden
a
los
albañiles
de
seguir
pese
a
la
prohibición
taxativa.
La
Junta
debió
dar
parte
a
Urbanismo
del
Ayuntamiento
y
a
la
Consejería
de
Gobernación,
cuya
Policía
autonómica
se
personó
para
hacer
cumplir
la
orden,
lo
que
ha
crispado
más
una
situación
enquistada,
pues
desde
entonces
ni
el
propietario
da
la
cara,
ni
puede
proseguir
las
obras
ni
atiende
al
requerimiento
de
la
Junta.
Para
colmo,
los
arquitectos
que
en
su
día
trabajaron
por
encargo
para
él,
profesionales
de
la
talla
de
Luis
Uruñuela
y
Rafael
Manzano,
han
cuestionado
las
estratagemas
de
Molina,
como
publicó
este
diario.
Manzano,
sin
ir
más
lejos,
denunció
ante
el
Colegio
de
Arquitectos
que
las
obras
se
habían
iniciado
"sin
dirección
facultativa",
al
tiempo
que
rechazó
cualquier
vinculación,
aclaró,
con
"un
proyecto
que
lleva
mi
firma
pero
que
ni
siquiera
he
cobrado".
|
