|
El
Museo
Nacional
de
Arte
Romano
de
Mérida
acoge
desde
hoy
un
Congreso
Iberoamericano
sobre
"Protección
Jurídica
del
Patrimonio
Arqueológico",
que
tiene
la
finalidad
de
avanzar
en
el
campo
de
la
preservación
de
los
cientos
de
miles
de
yacimientos
que
hay
en
España,
y
que
hasta
el
momento
las
principales
causas
a
las
que
se
enfrentan
son
la
falta
de
efectivos
que
vigilen
los
lugares,
y la
aplicación
de
las
normas
por
parte
de
los
jueces.
Según
explicó
el
subdirector
general
de
Protección
del
Patrimonio
Histórico
del
Ministerio
de
Cultura,
Luis
Lafuente,
ha
sido
el
encargado
de
inaugurar
el
simposio.
Destacó
que
en
España
"sí
hay
suficiente
protección",
aunque
advirtió
que
"otro
asunto
es
hacer
posible
y
eficaz
esa
protección,
y
que
no
sufra
el
Patrimonio".
En
este
sentido
señaló
que
"hay
normas
suficientes
para
proteger,
conservar
y
preservar"
el
patrimonio
cultural
español,
tanto
por
las
leyes
estatales
como
autonómicas,
e
incluso
algunas
municipales,
como
el
caso
del
Consorcio
de
la
Ciudad
Monumental
de
Mérida,
aunque
reconoció
que
éstas
fallan
en
el
mismo
aspecto
que
el
resto
de
las
leyes,
la
carencia
de
los
recursos
materiales
y
humanos
necesarios
para
hacerlas
eficaces.
"No
podemos
tener
un
guardia
en
cada
uno
de
los
cientos
de
miles
de
yacimientos
que
hay
en
España",
lamentó
Lafuente,
quien
reconoció
que
en
España
ha
expolios
en
yacimientos
y
que
existe
un
mercado
de
tráfico
ilícito
de
piezas,
tanto
nacional
como
internacional,
que
absorbe
las
piezas
expoliadas,
aunque
recalcó
que
esta
situación
"no
se
puede
considerar
grave".
En
cuanto
a
los
avances
en
la
protección
de
este
inmenso
patrimonio,
dijo
que
"poco
a
poco
se
va
consiguiendo",
gracias
entre
otras
cuestiones
a la
aprobación
de
leyes
más
rigurosas,
dado
que
es
un
delito
que
ya
se
encuentra
tipificado
en
el
código
penal,
además
de
contar
ya
con
la
jurisprudencia
generada
por
los
jueces
que
aplican
la
normativa
del
código
penal.
Para
el
Ministerio
de
Cultura
está
claro
que
las
piezas
que
se
encuentran
en
el
suelo
español
tienen
la
naturaleza
de
dominio
público
y en
ningún
caso
pertenecen
a
quienes
las
encuentran,
sino
que
"son
de
todos
los
ciudadanos
españoles",
por
lo
que
su
destino
es
"ir
a un
museo
para
la
contemplación
y
disfrute
de
todos".
En
el
caso
concreto
de
Extremadura,
dijo
que
a
pesar
de
poseer
un
elevado
número
de
yacimientos
arqueológicos,
no
hay
constancia
de
una
actividad
delictiva
elevada,
como
sí
ocurre
en
las
regiones
limítrofes
de
Andalucía
y
Castilla
La
Mancha,
que
registran
un
mayor
número
de
delitos
en
este
sentido,
según
indicó
Lafuente.
Las
leyes
contra
el
expolio
establecen
que
todas
las
prospecciones
y
excavaciones
deben
ser
autorizadas
por
las
administraciones
públicas,
con
el
requisito
ineludible
de
que
ésta
debe
ser
dirigida
por
un
profesional
con
un
proyecto
científico.
Durante
la
excavación,
se
elabora
un
detallado
inventario
de
cada
uno
de
los
objetos
aparecidos,
de
forma
que
después
de
utilizar
métodos
arqueológicos,
de
limpiarlos
y
restaurarlos,
se
entregan
a
las
autoridades
competentes.
De
esta
forma,
quiso
dejar
claro
que
"está
prohibido
ir
al
campo
los
domingos
con
el
detector
de
metales
a
ver
si
encuentras
algo,
romper
un
yacimiento
y
destruirlo,
coger
las
piezas
y
quedártelas.
Esas
piezas
son
de
dominio
público
y de
todos
los
españoles,
y
deben
estar
en
un
museo
público
para
que
todo
el
mundo
pueda
contemplarlo".
CARACTERÍSTICAS
"PECULIARES"
DEL
PATRIMONIO
Por
su
parte,
el
director
general
de
Patrimonio
de
la
Junta
de
Extremadura,
Francisco
Pérez
Urbán,
señaló
que
la
situación
de
Extremadura
es
similar
a la
de
otras
comunidades
autónomas.
Así,
se
refirió
a
que
los
yacimientos
existentes
en
la
comunidad
autónoma
extremeña
se
encuentran
bajo
el
amparo
de
la
Ley
de
Patrimonio
de
1999,
e
indicó
que
es
necesario
que
esa
ley
debe
estar
en
constante
modificación
y
estudio,
porque
"la
defensa
jurídica
del
patrimonio
pasa
fundamentalmente,
no
solo
por
que
haya
una
concienciación
social
del
valor
del
patrimonio,
sino
también
porque
desde
los
pilares
de
la
judicatura
se
empiece
a
entender
que
el
patrimonio
tiene
unas
características
peculiares,
y
que
debe
ser
atendido
como
tal".
En
cuanto
a la
incidencia
de
este
tipo
de
delitos
en
la
región,
señaló
que
la
vigilancia
del
patrimonio
se
realiza
en
colaboración
con
el
SEPRONA,
aunque
advirtió
que
habitualmente
no
se
da
traslado
público
de
las
actuaciones,
alegando
motivos
de
seguridad.
En
este
sentido,
señaló
que
se
están
deteniendo
a
personas
procedentes
en
su
mayoría
de
Andalucía,
y
que
protagonizan
este
"expolio
de
fin
de
semana".
Así,
el
pasado
jueves
el
SEPRONA
emitió
su
último
informe
en
el
que
denunciaba
una
nueva
actividad
ilegal,
y
hace
pocos
días
también
tuvo
lugar
una
sentencia
judicial
por
la
que
se
condenaba
a
dos
expoliadores,
según
comentó
Pérez
Urbán.
"Se
avanza
poco
a
poco,
pero
el
expolio
es
algo
muy
difícil
de
controlar,
por
la
dificultad
de
tener
medios
personales
para
cubrir
todo
el
territorio,
y
porque
son
acciones
muy
rápidas
que
tienen
un
objetivo
predeterminado,
lo
que
dificulta
su
persecución",
dado
que
según
dijo,
su
destino,
gracias
a
los
"circuitos
especializados"
de
las
redes
utilizadas
por
este
"mercado
ilegal",
provocan
que
haya
piezas
expoliadas
de
yacimientos
extremeños
en
cualquier
punto
de
Europa.
Por
otro
lado,
en
cuanto
a
las
obras
de
la
Autovía
de
la
Plata,
dijo
que
"es
obvio
que
van
a
aparecer
restos"
porque
"el
trazado
por
el
que
discurre
es
el
mismo
que
la
Vía
de
la
Plata",
una
vía
de
comunicación
milenaria
que
recorre
la
península
de
norte
a
sur
que
data
de
la
protohistoria,
por
lo
que
"los
asentamientos
son
frecuentes
y su
aparición
es
previsible".
Sin
embargo,
advirtió
que
todos
los
trabajos
que
se
realizan
en
la
construcción
de
la
carretera,
"desde
el
estudio
de
impacto
hasta
el
menor
movimiento
de
tierra,
conlleva
un
seguimiento
arqueológico
preciso,
por
lo
que
todo
está
previsto".
|
