La
Junta
conocía
desde
el año
2002
la
existencia
de la
colección
arqueológica.
El
museo
aguilarense
era
conocido
en
buena
parte
de la
provincia. La
Guardia
Civil
ha
celebrado
actos
oficiales
en las
instalaciones.
La
Delegación
de
Cultura
de la
Junta
de
Andalucía
tenía
conocimiento
oficial
desde
el año
2002
de la
existencia
de la
colección
de
piezas
arqueológicas
intervenida
el
pasado
lunes
por la
Guardia
Civil
a un
particular
de
Aguilar
de la
Frontera,
en lo
que el
instituto
armado
ha
denominado
"la
operación
más
importante
para
recuperar
el
patrimonio
en la
provincia
de
Córdoba".
Con
fecha
del 10
de
abril
del
2002,
el
registro
general
de la
Delegación
de
Cultura
en
Córdoba
estampó
su
sello
en la
solicitud
donde
Antonio
Sánchez,
propietario
de
Bodegas
Toro
Albalá
--que
albergaban
su
particular
museo--,
pedía
información
sobre
los
trámites
a
seguir
para
dotar
a la
colección
"del
marco
legal
adecuado
para
que
tenga
el
reconocimiento
oficial
que
pueda
suponer
su
inclusión
en la
Red
Andaluza
de
Museos".
En
dicha
solicitud,
de la
que
este
periódico
tiene
una
copia,
se
detallan
sin
ambigüedades
las
características
de una
colección
"de
objetos
musealizables
entre
los
que se
integra
un
repertorio
extenso
de
utillaje
de
enología,
materiales
de
paleontología,
piezas
arqueológicas
y un
sinfín
de
objetos
raros
y
curiosos
que
constituyen
en su
conjunto
un
atractivo
para
cuantas
personas,
individualmente
o en
grupos,
visitan
a
diario
las
Bodegas
Toro
Albalá".
SIN
RESPUESTA
La
solicitud,
dirigida
a la
delegada
provincial
de la
Consejería
de
Cultura
en
Córdoba,
no
obtuvo
respuesta,
de
forma
que
dos
meses
después
el
dueño
de la
colección
dirigió
una
nueva
solicitud
en los
mismos
términos.
Ayer,
la
delegada
de
Cultura,
Rafaela
Valenzuela,
admitió
a este
periódico
que en
su
departamento
constaban
estas
solicitudes.
Según
Valenzuela,
se
remitió
al
dueño
de la
colección
el
decreto
ley
que
regula
la
creación
y
mantenimiento
de
museos
privados.
A
pesar
de
tener
conocimiento
de la
existencia
de la
colección,
Cultura
no
hizo
averiguaciones
sobre
la
procedencia
de las
piezas.
Según
la
delegada,
ellos
no
tienen
"por
qué
dudar
de la
buena
fe de
este
señor".
Rafaela
Valenzuela
añadió
que
cuando
Cultura
remitió
al
dueño
del
museo
el
referido
decreto
ley,
no
volvieron
a
saber
más
del
asunto.
"Debería
haber
sido
él
quien,
siguiendo
los
procedimientos
detallados
en el
decreto,
presentase
un
proyecto
a
Cultura.
Desde
aquí
hubiésemos
iniciado
un
proceso
que
incluye
la
catalogación
de las
piezas.
Y de
esta
forma
--añade
la
delegada--,
si en
ese
momento
hubiésemos
tenido
alguna
duda,
hubiésemos
actuado".
EL
PRODER
En
cualquier
caso,
la
Junta
tenía
constancia
oficial
de la
existencia
de la
colección,
y no
sólo a
través
de
Cultura.
En
junio
del
2003,
el
propietario
de las
bodegas
pidió
una
subvención
para
su
museo
privado
al
Proder,
ayuda
que
aún
está
tramitándose.
Y si
oficialmente
consta
que la
Administración
más
directamente
implicada
en la
protección
del
patrimonio
cultural
conocía
la
existencia
de
esta
colección,
extraoficialmente
el
museo
era
conocido
en
toda
la
provincia.
Curiosamente,
las
instalaciones
de
Bodegas
Toro
Albalá
han
acogido
incluso
actos
oficiales
de la
propia
Benemérita,
como
la
celebración
en ese
recinto
del
día de
la
patrona
de la
Guardia
Civil,
algo
que es
público
en
Aguilar.
Todas
estas
circunstancias
han
hecho
que la
contundente
actuación
de la
Guardia
Civil
haya
sorprendido
no
sólo
al
propietario
del
museo,
sino a
numerosos
vecinos
y al
propio
Ayuntamiento
aguilarense.
Entre
los
sorprendidos
también
están
los
abogados
del
bufete
De la
Riva,
en
Córdoba
capital,
a
quien
Antonio
Sánchez
ha
encargado
su
defensa.
Los
abogados
se
resisten
a
valorar
si
detrás
de
todo
hay
algo
más
que un
celo
excesivo
por
parte
de la
Guardia
Civil
en la
persecución
de los
delitos
contra
el
patrimonio
cultural.
Tampoco
ha
entrado
en ese
tipo
de
valoraciones
la
delegada
de
Cultura
de la
Junta,
Rafaela
Valenzuela,
que, a
preguntas
de
este
periódico,
ha
asegurado
que la
actuación
contra
el
propietario
del
museo
ha
partido,
desde
el
principio,
de la
Guardia
Civil,
y que,
en la
actualidad,
el
papel
de
Cultura
está
siendo
el de
asesoramiento.
La
familia
de
Antonio
Sánchez
comenzó
a
hacer
la
colección
en el
siglo
XIX
Para
Antonio
de la
Riva,
uno de
los
letrados
que
defenderá
a
Antonio
Sánchez,
será
muy
difícil
acusar
a su
cliente
de
delito
alguno.
En
primer
lugar,
porque
la
colección
intervenida
por la
Guardia
Civil
fue
heredada
por el
actual
titular,
ya que
su
familia
comenzó
a
hacerse
con la
colección
en el
siglo
XIX.
Además,
el
abogado
De la
Riva
señala
que la
actuación
de su
cliente
"carece
de
clandestinidad,
hasta
el
punto
de que
el
museo
no
sólo
estaba
abierto
al
público,
sino
que se
encuentra
incluido
en
catálogos
turísticos
de
diversas
administraciones
públicas".
Como
se ha
relatado
anteriormente,
la
existencia
de la
colección
de
restos
arqueológicos
había
sido
puesta
oficialmente
en
conocimiento
de la
Junta
de
Andalucía
en el
2002,
dos
años
antes
de que
la
Guardia
Civil
"descubriese"
--como
informaba
el
pasado
lunes
el
instituto
armado--
el
museo
que
Bodegas
Toro
Albalá
tiene
en el
municipio
de
Aguilar
de la
Frontera.
