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La
restauración
del
Acueducto
costó
cerca de
mil
millones
de
pesetas
y
contemplaba
un plan
de
mantenimiento
y
vigilancia.
La
aplicación
de las
medidas
de
supervisión
recomendadas
por el
director
de la
restauración
supondría
para el
Ayuntamiento
un coste
de
18.000
euros
anuales
El 10 de
diciembre
de 1999,
una vez
finalizada
la
restauración
del
Acueducto,
la Junta
de
Castilla
y León
remitía
al
Ayuntamiento
de
Segovia
la
Memoria
Final de
una obra
que
durante
siete
años
estuvo
en el
punto de
mira de
legos y
expertos
del
Patrimonio,
expectantes
todos
del
resultado
de la
intervención
más
importante
y
costosa
realizada
por la
constructora
Geocisa
en la
edificación
de
ingeniería
civil
que los
romanos
levantaran
dos mil
años
antes. A
los 500
millones
de
pesetas
que
aportó
el
Gobierno
regional
se suman
los 150
financiados
por el
Ministerio
de
Fomento
con
cargo al
1 por
ciento
Cultural
y los
300
millones
más que
invirtió
en la
restauración
la Obra
Social
de Caja
Madrid
para un
proyecto
que
finalmente
frisó
los mil
millones
de
pesetas
y de
cuya
dirección
se ocupó
el
arquitecto
Francisco
Jurado.
«Al
Acueducto
se le ha
curado
gran
parte de
la
enfermedad
que
tenía
pero hay
que
continuar
con la
observación»,
declaraba
Jurado
en
aquellos
momentos
de
inauguraciones.
Entre
sus
consejos,
siete
puntos
marcaban
las
«labores»
necesarias
y la
periodicidad
recomendada,
con
especial
incidencia
en la
anotación
de las
nuevas
medidas
y
reparaciones
en la
base de
datos
creada
durante
la
restauración,
que,
además,
había
acaparado
gran
parte
del
presupuesto
de los
siete
años de
obras.
Apenas
tres
meses
después,
en
febrero
de 2000,
el
Ayuntamiento
segoviano
se hacía
cargo de
manera
oficial
del
mantenimiento
y
conservación
del
Acueducto,
de
titularidad
municipal.
El
entonces
concejal
de Obras
y
Servicios,
Luciano
Municio,
afirma
con el
respaldo
de la
delegación
territorial
de la
Junta de
Castilla
y León
en
Segovia
que
«durante
los años
2000,
2001 y
2002 se
han
realizado
trabajos
de
mantenimiento
y
limpieza,
de los
que cabe
destacar
el
arreglo
de una
rotura
en el
canal de
plomo,
que tuvo
lugar en
2000 y
de la
que
existe
constancia
en la
prensa
del
momento».
Sin
embargo,
respecto
a las
recomendaciones
de fin
de obra
de
Francisco
Jurado,
el ex
concejal
y actual
arqueólogo
municipal
explica
a ABC
que el
cuidado
del
Acueducto
en su
mandato
«dependió
del
equipo
de
mantenimiento
de obras
y
monumentos
del
Ayuntamiento,
que
cuidó
del
monumento
como de
cualquier
otro
edificio
municipal».
Luciano
Municio,
que
confirmó
conocer
el
«decálogo»
de
mantenimiento,
también
subrayó
que éste
«no se
trata de
una
normativa
de
obligado
cumplimiento».
En este
sentido,
aclaró
que, en
su
opinión,
las
medidas
de
prevención
de la
Memoria
Final de
obra
eran
«exageradas
y
costosas»,
lo que
le llevó
a
interpretarlas,
continuó,
«según
nuestros
criterios».
Municio
confirmó
que en
todo
este
tiempo
no ha
existido
ningún
«curador»
del
Acueducto
y que
tampoco
se ha
abierto
ningún
«diario
de
intervenciones»,
opción
que no
consideró
«relevante»
porque
«lo
importante
no es
recoger
los
datos,
sino
actuar
sobre el
Acueducto
como se
ha hecho
cuando
ha sido
necesario».
Desde el
Ayuntamiento,
la nueva
concejal
de
Patrimonio,
Concepción
Domínguez
(IU),
aseguró
a ABC
que «no
ha
habido
ningún
seguimiento
oficial
del
Acueducto»
y
manifestó
su
intención
de que
«a
partir
de ahora
sí lo
haya».
Con este
objetivo,
Concepción
Domínguez
anunció
que el
próximo
mes
creará
una
comisión
de
control
en la
que
tiene
previsto
incorporar
a
«expertos»
del tipo
del
arquitecto
municipal,
algún
representante
de la
Academia
de
Bellas
Artes,
del
Museo
Provincial,
el
concejal
de
Obras...«Nuestra
idea es
crear un
órgano
que no
sea
burocrático
y que
nos
permita
estudiar,
promocionar
y
divulgar
el
Acueducto»,
concluye.
Al
respecto,
Francisco
Jurado
lamentó
la
desidia:
«Una
cosa es
quitar
hierbajos
y
limpiar
el canal
y otra
es un
trabajo
serio de
prevención»
y
advirtió
de que
«todavía
están a
tiempo
de hacer
las
cosas
desde la
razón».
En su
opinión,
el
«problema»
se
soluciona
con
«presupuesto
y
seriedad»;
con
alrededor
de
18.000
euros
anuales
negociables
que
serían
suficientes
para
contratar
una
vigilancia
técnica
de
garantía
e
incluso
las
pequeñas
obras
que
fueran
siendo
necesarias.
No en
vano,
recordó
que es
imprescindible
controlar
las
pequeñas
fisuras
que se
localizaron
y cuya
solución
se
aplazó
con la
condición
de
continuar
«bajo
vigilancia».
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