M. Planelles y J. Martín-Arroyo | Sevilla www.elpais.com 08/11/2009

52 absueltos y gran parte de lo incautado en Andalucía se ha devuelto ya.

Unas 300.000 piezas arqueológicas, 31 yacimientos expoliados, 52 detenidos, 70 registros, 200 agentes movilizados… Finalmente, a la espera de la completa devolución de las piezas, las cifras gruesas han quedado difuminadas hasta casi borrarse por el archivo judicial.

La Operación Tertis era un golpe monumental contra el expolio en Andalucía. Saltó en febrero de 2007, cuando, después de meses de investigación, la Guardia Civil anunció la detención de 52 personas a las que acusaba de haber expoliado y dañado 31 yacimientos arqueológicos. Se realizaron casi 70 registros y se incautaron cerca de 300.000 piezas. Una parte importante eran monedas, pero también había otros objetos de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. «Había sacos con trozos de cerámica y cada trozo se contó como una pieza, no eran completas», sostiene Miguel Gómez de la Rosa, abogado de 26 de los 52 acusados y especialista en este tipo de casos.

Dos años y medio después, el caso se ha quedado en nada en primera instancia. Los 52 detenidos han sido absueltos y una parte de las piezas, alrededor de un 30%, les han sido devueltas. Andalucía guerrea ahora para que el resto, que está depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla, pase a ser propietad pública. El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Marchena ya ha rechazado esta posibilidad. A la Consejería de Cultura le queda el recurso que ha presentado ante la Audiencia Provincial.

El artículo 44 de la Ley de Patrimonio establece que son «bienes de dominio público todos los objetos y restos materiales que posean los valores que son propios del Patrimonio Histórico Español y sean descubiertos como consecuencia de excavaciones, remociones de tierra u obras de cualquier índole o por azar». Es el descubridor de los restos el que debe comunicárselo a la Administración. El problema en este caso, tal y como señala el juez de Marchena, es que «no ha resultado acreditado» que las piezas fueran descubiertas con posterioridad a la entrada en vigor de la norma ni que procedan de un yacimiento concreto. Por eso, ordena la devolución de las piezas.

En Andalucía existen 13.000 yacimientos arqueológicos documentados. El Defensor del Pueblo Andaluz lleva años alertando del expolio que sufren estas zonas. En 2007 solicitó que se acotara la venta, tenencia y uso de detectores de metales. La Ley de Patrimonio de Andalucía restringe el uso de este tipo de aparatos. Pero no ha frenado los ataques a los yacimientos. Algunos de los detenidos en la Operación Tertis pertenecían a una asociación de detectores. «Es escandaloso que se les devuelva las piezas a los expoliadores porque está acreditado que son patrimonio histórico. Pero las investigaciones deben ser más prudentes y en este caso se fue demasiado ambicioso. Las escuchas son útiles pero insuficientes», explican fuentes del caso. El juez aclara que la investigación fracasó al determinar cuándo y de qué modo se obtuvieron las piezas.