Madrid | EFE 08/02/2007

Se ha conseguido recuperar más de 300.000 piezas de gran valor histórico y pecuniario.
La Guardia Civil, en la denominada operación ‘Tertis’, ha detenido a 52 personas pertenecientes a redes coordinadas que se dedicaban al expolio arqueológico, y en la que se ha conseguido recuperar más de 300.000 piezas de gran valor histórico y pecuniario, en la que se constituye como la mayor operación contra este tipo de delito a nivel mundial. Según informó la Guardia Civil en un comunicado remitido a Europa Press, la operación se ha llevado a cabo en Sevilla, Huelva, Cádiz, Granada, Jaén, Córdoba, Madrid, Barcelona y Zamora. Entre los detenidos figuran 30 expoliadores, 13 intermediarios en la venta de los objetos y nueve coleccionistas, no descartándose nuevas detenciones en los próximos días.

En los 68 registros domiciliarios en los que se han intervenido objetos que pertenecen a las culturas ibérica, romana, visigoda y árabe, entre otras, procedentes de 31 yacimientos de Sevilla (14), Badajoz (11), Cádiz (3), Málaga (1), Huelva (1) y Jaén (1).

Las investigaciones se iniciaron a raíz del análisis de la documentación intervenida en la operación ‘Bahía’ realizada entre febrero y abril de 2005, cuando la Guardia Civil procedió a la detención de diez personas y fue desmantelada una organización dedicada al expolio de yacimientos arqueológicos subacuáticos en las costas de Cádiz.

El dispositivo desplegado, en el que han participado más de 200 agentes, ha puesto al descubierto las distintas redes que colaboraban entre sí y a la inmensa mayoría de sus componentes, algunos de los cuales han sido sorprendidos cuando intentaban retirar precipitadamente los objetos expoliados de sus domicilios.

Los detenidos se desplazaban diariamente a diversos yacimientos que previamente habían localizado, provistos de sofisticados detectores de metales, planos cartográficos, manuales de excavación y otros útiles. Para conseguir mayor impunidad, procedían a su expolio aprovechando las horas nocturnas, en algunas ocasiones durante varios días consecutivos.

En algunas ocasiones actuaban en connivencia con los guardas de las fincas donde se encontraban los yacimientos, permitiéndoles el paso y dándoles aviso cuando se producía la presencia de vehículos desconocidos en los alrededores.

Igualmente, se ha podido comprobar que evitaban expoliar en el campo, debido a la mayor presencia de patrullas de la Guardia Civil que realizaban tareas de vigilancia cinegética. Algunos de los objetos expoliados de una importancia menor, quedaban en su poder y los de mayor importancia eran vendidos por elevadas sumas de dinero a intermediarios –en algunos casos, comerciantes de numismática–, que a su vez, los vendían a coleccionistas de Madrid, Barcelona, Cádiz y Sevilla.

En esta última capital, concretamente en las callejuelas adyacentes y en el interior de los vehículos aparcados en los alrededores de la plaza del Cabildo, se realizaba la mayor parte de las transacciones de piezas numismáticas procedentes del expolio. Los coleccionistas evitaban trasladar en sus propios vehículos los objetos arqueológicos que adquirían, por el riesgo que suponía para ellos una hipotética actuación policial. En otras ocasiones, recibían el material arqueológico por medio de paquetería postal, habiéndose intervenido en Barcelona, uno de estos paquetes conteniendo monedas de oro.

Por otro lado, la Guardia Civil añadió que se ha averiguado que algunos de los detenidos no sólo expoliaban restos arqueológicos, sino que también falsificaban objetos similares a los expoliados, para posteriormente comercializarlos a incautos o profanos en la materia. Asimismo, la red «exportaba» objetos a otros países, siendo uno de los cabecillas detenido, un intermediario italiano, el encargado de mantener los contactos con coleccionistas extranjeros.

Así, la Guardia Civil ha podido interceptar en Ayamonte (Huelva) una partida de restos arqueológicos que tenían previsto sacar a través del Aeropuerto portugués de Faro con destino Bélgica. Debido al volumen y fragilidad de los materiales, una gran parte de estos ha tenido que quedar depositado en los lugares donde se hallaban, pendiente de un posterior traslado.

Esta operación ha sido llevada a cabo por efectivos de la Guardia Civil especialistas en la investigación de delitos contra el Patrimonio Histórico, con el apoyo de las Unidades territoriales. La dirección de las investigaciones ha sido realizada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Marchena (Sevilla) y por el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente y Patrimonio Histórico del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Durante el desarrollo de la investigación se ha contado con el asesoramiento y apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que por medio de sus arqueólogos, ha realizado los informes técnicos de las zonas expoliadas. En la actualidad, se analiza la documentación intervenida, para poder determinar otros yacimientos expoliados y personas implicadas. Por último, la Guardia Civil recordó que la Legislación sobre Patrimonio Histórico prohíbe la búsqueda de restos arqueológicos sin la preceptiva autorización y que el hallazgo de forma casual o previa excavación, deberá ser entregada inmediatamente a la Administración.