Sagunto (Valencia) www.panorama-actual.es 31/05/2008
Espera tener «cuanto antes» el expediente de legalización.
La Generalitat ha informado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de la resolución de la Dirección General de Patrimonio que inicia los trámites de legalización de las obras de rehabilitación llevadas a cabo en el teatro romano de Sagunto para presentar, posteriormente, un incidente de inejecución de la sentencia que determina la reversión de dicha actuación por imposibilidad legal. En estos momentos, la Administración se encuentra recabando todos los datos para completar el trámite de la legalización que se espera tener «cuanto antes» aunque se trata de un proceso «complejo», según señaló la directora general de Patrimonio, Paz Olmos.
De esta manera, la Conselleria de Cultura ha cumplido el requerimiento de la sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que el pasado mes de marzo decidió pedir a la Generalitat que, en el plazo de tres meses, presentara el plan y el proyecto de obra sobre la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a revertir las obras de rehabilitación en el Teatro Romano.
Olmos se mostró convencida de que la remisión de esa información satisface la petición del tribunal y declaró que supone que el TSJCV «dará traslado a la otra parte -el abogado Juan Marco Molines, autor del recurso contra las obras de Grassi y Portaceli- porque él es parte del procedimiento y debe estar enterado de todo lo que se tramite», dijo.
De esta forma, «dentro del trámite que nos daba el TSJ de tres meses para presentar un plan de obras nosotros lo que hemos hecho es contestar indicando cuál es nuestra actuación, que se basa en una resolución para iniciar los trámites de legalización de la obra del Teatro Romano de Sagunto», explicó Olmos, que agregó que «con ello estamos indicando que vamos a iniciar el incidente de inejecución de sentencia por imposibilidad legal».
La directora general manifestó que «estamos haciendo una tarea administrativa y técnica muy importante de legalizar un proyecto de hace 17 años con la documentación que tenemos ahora, cuando se requieren otra serie de condicionantes patrimoniales e, incluso, de seguridad en los lugares públicos y tenemos que ver si se cumplen todas esas determinaciones».
En cuanto a los plazos para completar este informe, comentó que «queremos hacerlo cuanto antes» pero advirtió de que es «un proceso técnicamente complicado y laborioso».
