A pesar de las protestas de los expertos y de la oposición de centro-izquierda, el proyecto fue aprobado en el Senado y podría haber logrado también la «luz verde» de los diputados, ya que el Gobierno dispone de mayoría absoluta en ambas Cámaras. Pero la carta enviada por docenas de directores de los principales museos del mundo fue la gota que colmó el vaso, pues entre las firmas figuran los responsables de museos privados como el Getty de Malibú o el Guggenheim de Nueva York, propiedad de fundaciones sin ánimo de lucro.

La lista de firmantes incluye, entre otros, a los directores del Museo del Prado, la National Gallery de Londres, el Museo Pushkin de Moscú, el Metropolitan Museum de Nueva York o la National Gallery de Washington por citar tan sólo unos pocos. En tono muy respetuoso, los directores aconsejaron al Gobierno italiano «reflexionar bien» y no tomar decisiones sin llevar a cabo antes «un amplio debate nacional o internacional». Visto el consenso de todos los expertos, el ministro de Cultura, Giuliano Urbani, un politólogo incorporado al Ejecutivo de Silvio Berlusconi, decidió dar marcha atrás y modificar el texto del artículo 22 aceptando en la comisión de Cultura de la Cámara de los Diputados las enmiendas presentadas por la oposición de centro-izquierda.