El PP rechaza en solitario las enmiendas de totalidad en una votación en la que CC se abstiene Pilar del Castillo lamenta el «súbito» giro de CiU y defiende la constitucionalidad y el apoyo social al proyecto de ley

El proyecto de Ley de Calidad de la Enseñanza superó ayer su primer trámite parlamentario con el rechazo en el Pleno del Congreso de las diez enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. La ministra de Educación, Pilar del Castillo, defendió la plena constitucionalidad de una reforma de la que destacó su amplio apoyo social y su adecuación al Estado autonómico y de la que garantizó que tendrá la financiación adicional «que sea necesaria». La oposición en general lamentó el retroceso en los derechos educativos, la ruptura del consenso, la invasión competencial y la lasitud inversora, razones que han motivado unas enmiendas que fueron rechazadas por la mayoría del PP y en las que CC se abstuvo.

Mar Villasante - Madrid.-
El primer debate de la Ley de Calidad transcurrió sin imprevistos y las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de oposición fueron rechazadas con la mayoría del PP, mientras que CC optó por la abstención para trasladar al Gobierno su disconformidad con el articulado y su exigencia de que introduzca mejoras, explicó el diputado canario José Carlos Mauricio.
   La ministra de Educación, Pilar del Castillo, justificó el proyecto de ley en la necesidad de prevenir y combatir el fracaso escolar, flexibilizar el sistema educativo, incentivar la cultura del esfuerzo y buscar la integración de todos los alumnos. De ahí una reforma que equiparó a las emprendidas en la Unión Europea y que sustentó en los malos resultados de España dentro de los análisis internacionales.
   En este contexto, quiso defender los itinerarios y los programas de iniciación profesional como fórmulas para «sumar la calidad a la universalidad en un modelo flexible» y destacó la eliminación de la promoción automática y la «reválida» como factores que contribuyen a la cultura del esfuerzo.
   Pero ante todo, la ministra quiso remarcar que se trata de un proyecto plenamente constitucional donde la administración central y las autonomías tienen perfectamente delimitadas sus competencias. Y que ha sido fruto del debate «de todos los que han querido contribuir positivamente» a encontrar soluciones. En este punto, lanzó un mensaje a CiU para lamentar «con enorme pesar» que intereses diferentes a la Educación se hayan antepuesto a las aproximaciones alcanzadas.
   Del Castillo subrayó además que la inversión educativa desde 1996 ha tenido un saldo significativamente superior al de la primera mitad de los años 90 y garantizó que la reforma tendrá la financiación adicional que el Consejo de Política Fiscal y Financiera considere necesaria.
   Una supuesta disminución del gasto público y la falta de una memoria económica fueron dos de los argumentos esgrimidos por la diputada socialista Carme Chacón para defender la enmienda a la totalidad y el texto alternativo presentado por su grupo. El PSOE criticó un proyecto que rompe «todos los consensos» y recorta los derechos de escolarización, a la vez que consagra «derechos para la enseñanza privada y obligaciones para la pública». Chacón acusó a la ministra de gobernar «de espaldas a las comunidades autónomas», que obtienen «el rechazo, el ninguneo y la descalificación» cuando esperan su cooperación.
   El parlamentario de CiU Jordi Martí explicó que su grupo ha optado finalmente por una «confrontación política que no queremos» porque el Gobierno se ha resistido a eliminar los puntos del texto que suponen «una clara amenaza al ejercicio de las competencias autonómicas». «Los encuentros han dado más o menos frutos pero las cuestiones competenciales nunca van a ser moneda de cambio de nada», sentenció Martí, para quien el texto refleja una «nueva secuencia del ímpetu centralizador» del Gobierno.
   La diputada de IU Marisa Castro reprochó que se recurra a la calidad como un «señuelo para una reforma regresiva». Con críticas al refuerzo de la enseñanza privada y de la asignatura de Religión, Castro advirtió de que «la escuela no es un aparcamiento de niños» y abogó por una igualdad de oportunidades.
   José Juan González de Chávarri, del PNV, enfatizó en la falta de respeto al principio de igualdad de oportunidades y en la vulneración de las competencias autonómicas, al tiempo que aprovechó para denunciar la «censura y manipulación» de los análisis del INCE que sitúan al sistema vasco como el mejor del Estado. Los seis representantes del Grupo Mixto (ERC, CHA, BNG, IC-Verds, EA y PA) coincidieron en la invasión competencial del proyecto y en su carácter segregador.
   Al debate acudieron como invitados miembros de la plataforma en defensa de la enseñanza pública ¬que también protagonizaron una pequeña concentración a las puertas del Congreso¬, así como de organizaciones que se han manifestado a favor de la Ley de Calidad.