La Generalitat, obligada a derribar la 'reforma' del Teatro de Sagunto

El Tribunal Superior de Justicia ordena retirar el mármol de las gradas y el escenario
GLADYS ALEMAN. JAVIER CAVANILLES

VALENCIA. Quince meses después de que el Tribunal Superior de Justicia confirmara la sentencia dictada en 1993 a favor de la reversibilidad del Teatro Romano de Sagunto, la Generalitat ha anunciado las zonas en que se realizarán los trabajos que devolverán al recinto al estado en que se encontraba en 1988. Todas las obras de nueva construcción en parte del escenario, los laterales y las gradas serán derribadas hasta dejar el teatro tal y como estaba antes de la polémica intervención de los arquitectos Grassi y Portaceli.

La subsecretaria agregó que todos los informes sobre la reversibilidad de las obras en la zona de la gradería son favorables tras la realización de diversas catas sobre la zona, una de las partes cuyo derribo exigía el abogado demandante, Juan Marco Molines, quien expresó su satisfacción por la confirmación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

En cuanto a la zona del escenario, la reversibilidad será posible hasta cuotas de 1/20, ya que es a partir de este nivel cuando hay peligro de tocar la piedra original. Nácher calificó las obras en tres categorías: factibles, imposibles y dudosas, que corresponden a las zonas de gradas y escenario, las partes de contacto de la piedra nueva con la vieja y la devolución de los restos que se extrajeron a su lugar de origen, respectivamente.

Asimismo, explicó que habrá partes del escenario en las que será posible intervenir en mayor profundidad debido a que la obra de mármol no está nivelada. «De esta forma, se podrá trabajar más allá de la cota 1/20 fijada en principio», indicó.

La subsecretaria señaló que es imposible devolver los restos arqueológicos hallados y sacados del teatro cuando se hicieron las obras «por envejecimiento y porque, una vez sacados de la tierra, se han adaptado al medio y no tiene sentido volverlos a depositar». Estos restos pasarán a exponerse en uno de los museos de la localidad, en la denominada casa del Mestre Penya para la que actualmente se redacta un proyecto de rehabilitación y adecuación.

Comisión interdisciplinar

El proyecto definitivo de restauración será elaborado por una comisión multidisciplinar, en la que tendrán cabida desde arquitectos a delineantes, pasando por historiadores, aunque aún no está cerrada. Los miembros de esta comisión debatirán exclusivamente cuestiones técnicas, ya que Nácher explicó que en «ningún momento hablamos de valores artísticos o estéticos».

La sentencia prohíbe, además, la nueva construcción y sólo indica la demolición de la obra nueva y la adecuación del recinto para que éste tenga finalidad funcional y pueda ser utilizado por el público. Sin embargo, la subsecretaria indicó que, en el caso de las gradas, la Generalitat «podría utilizar la misma técnica que en su día usaron los romanos para dar uniformidad y que la gente pueda sentarse y utilizarlas», indicó.

Asimismo, Nácher señaló que sí se harán las reformas pertinentes para evitar las filtraciones de agua que han perjudicado durante estos años la piedra original de la gradería. La subsecretaria declaró que el mármol ha desviado el curso de las aguas hasta filtrarse dentro de la piedra y causar erosión. «Esto se corregirá con precaución para respetar los restos arqueológicos, y siempre hablando de restauración y no de construcción, ya que estaríamos saltándonos la ley», dijo.

Fue el 6 de junio de 1988 cuando el entonces consejero de Educación y Cultura socialista, Ciprià Ciscar, presentó lo que debía ser la solución para recuperar el Teatro Romano de Sagunto, declarado Monumento Nacional en 1986 y que estaba en un estado casi ruinoso.La decisión debía permitir que el conjunto se recuperase para su uso primitivo: las artes escénicas y su disfrute por parte de los ciudadanos. Sólo había un pequeño problema que la Administración prefirió obviar: la actuación era ilegal, según la Ley de Patrimonio Histórico, aprobada por el propio PSOE, que prohibía «los intentos de reconstrucción».

Fue entonces, en 1991, cuando Marco Molines llevó el asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En abril de 1993, el alto tribunal falló a su favor, pero el Ayuntamiento de Sagunto decidió recurrir al Tribunal Supremo. El fallo ratificaba el dictamen del TSJ, que consideraba que las obras no eran una «rehabilitación», sino una «reconstrucción».

La sentencia, de octubre de 2000, se produjo con una Consejería de Cultura en manos del Partido Popular, que en su día se significó contra las obras, aunque no fue recibida con el entusiasmo esperado y retrasó hasta 15 meses su proyecto de recuperación.