El Gobierno valenciano demolerá parte del Teatro Romano saguntino

Una comisión estudiará cómo derribar la obra de Grassi y Portaceli  

FERRAN BONO | Valencia

La Generalitat valenciana, presidida por Eduardo Zaplana, del PP, anunció ayer que derribará toda 'la obra nueva' reversible de la restauración del Teatro Romano de Sagunto, que ejecutaron los arquitectos Giorgio Grassi y Manuel Portaceli y que acabó en 1993. La Generalitat asegura que debe devolver el monumento al estado anterior a esa intervención en virtud de dos sentencias del Tribunal Superior y del Supremo.

La subsecretaria de la Consejería de Cultura, Carmina Nácher, compareció ayer en solitario para anunciar la decisión de la Generalitat sobre una de las cuestiones más espinosas de la política valenciana. Dijo que se derribará toda la 'obra nueva reversible', en función de los estudios técnicos encargados, es decir, aquella obra cuyo desmontaje no dañe los vestigios supuestamente romanos sobre la que se construyó.

De modo que se retirará el mármol de las gradas y se reducirá el gran escenario actual a la mínima expresión, hasta alcanzar la cuota de 1,20 metros. La intervención arquitectónica de Grassi y Portaceli, que fue encomendada por la Generalitat cuando era gobernada por el PSPV-PSOE, tenía como uno de sus objetivos básicos hacer funcional y útil el monumento nacional romano, cuyo titular es el Ministerio de Cultura, si bien la gestión fue transferida al Gobierno autónomo.

Nácher explicó que la decisión obedece a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ratificada por el Tribunal Supremo. Este último declaró en octubre de 2000 que la intervención de Grassi y Portaceli 'supone una reconstrucción' del Teatro Romano, que se hizo sobre unos presupuestos metodológicos 'plenamente defendibles en el plano artístico o académico, pero enfrentados a un criterio normativo (...) de la Ley de Patrimonio Histórico'. La subsecretaria de Cultura recordó que la decisión responde también al programa electoral autonómico del PP de 1995. No en vano, el ex diputado popular y abogado Juan Marco Molines fue el que inició el proceso judicial en 1991.

Nácher, sin embargo, no aclaró cómo se realizará el derribo, ni cuándo, ni el coste, que se prevé elevado. Tras meses de demora en la entrega de los informes al TSJ para ejecutar la sentencia, señaló que se creará una comisión de arquitectos, arqueólogos e historiadores, de la que no dio su composición, que se ocupará de ello, así como de redactar un proyecto de 'utilización por el pueblo' del Teatro Romano, que supondrá, previsiblemente, habilitar de nuevo las gradas y el escenario para su uso. En consecuencia, se volverán a demorar los plazos.

Por su parte, el italiano Giorgio Grassi, uno de los arquitectos más respetados en la materia, tildó ayer de 'provincianismo' y de 'escándalo internacional' la decisión. El valenciano Manuel Portaceli la calificó de 'despropósito' y recordó que el graderío y el escenario sufrieron múltiples intervenciones en los siglos XIX y XX sobre los vestigios romanos.