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ABC de Madrid, 3 de octubre de 2001

Italia permitirá privatizar la gestión de los museos estatales

ROMA. J. V. B.

Vista la buena experiencia de las concesiones parciales como las tiendas de recuerdos, billetaje, restaurantes, etc., Italia abrirá las puertas a la gestión privada de museos estatales a cambio del pago de fuertes sumas al erario público y de aceptar, naturalmente, el control del Estado sobre la conservación y protección de los fondos, así como de los edificios catalagados como patrimonio cultural.

La novedad figura en el proyecto de ley de presupuestos para el año 2002, pendiente todavía de discusión en el Parlamento, que por primera vez sitúa los museos también en el capítulo de «ingresos» y no sólo en el de «gastos». El texto prevé que el Estado pueda dar en concesión a personas o instituciones privadas la entera gestión de un museo, por periodos superiores a cinco años, siempre y cuando el beneficiario pague la mitad del canon en el momento de la firma del convenio. El traspaso de la gestión a entidades privadas sería estudiado caso por caso, pero el borrador de los presupuestos prevé ingresar unos 80 millones de euros anuales en concepto de concesiones a partir del 2005. La primera lanza en favor de privatizar algunos museos la rompió en 1998 el actual alcalde de Roma, Walter Veltroni. En estos años se han ido privatizando servicios, y el resultado ha sido siempre de mayor eficacia y, sobre todo, mejor atencion al visitante. A partir del año 2000, la mayoría de museos abren también los domingos y van, poco a poco, adaptándose al modo de vida de los ciudadanos.

El titular de Cultura en el nuevo Gobierno es el politólogo Giuliano Urbani, alumno de Norberto Bobbio en Turín, y absoluto partidario de «abrir toda la panoplia del patrimonio cultural y del espectáculo a la financiación privada, que ampliaré y facilitaré durante mi mandato». Las fuentes de financiación privada serán las deducciones fiscales, la esponsorización y, finalmente, la venta de concesiones de gestión de los museos. Varias empresas se han manifestado absolutamente de acuerdo con el proyecto de privatizar la gestión, «siempre que la propiedad y la tutela del patrimonio gestionado sigan en manos del Estado».


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