La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe) aprobada este miércoles en el Senado contiene cambios directos en el sistema educativo. Entre ellos, los dirigidos a equilibrar el reparto del alumnado desfavorecido entre las redes pública y concertada (que entrarán en vigor entre el curso que viene y el siguiente), la recuperación de los programas de diversificación curricular y la limitación de las repeticiones (que se aplicarán en ambos casos desde el próximo curso), y la desaparición de la asignatura alternativa a Religión, que además dejará de contar para el expediente (que entrará en vigor con la introducción de la nueva ordenación y currículos, entre los cursos 2022-2023 y 2023-2024).
Pero la ley también incluye mandatos para que el Gobierno transforme aspectos fundamentales del sistema, como los currículos —qué debe enseñarse en una asignatura y cómo deben evaluar los profesores el aprendizaje del alumno—, el modo en que se forman y acceden a plazas públicas los docentes, y el gran despliegue de la educación infantil de cero a tres años, que hoy alcanza al 37% de los niños. Estas son sus grandes líneas y los plazos previstos.
Acabar con los contenidos inabarcables
Los currículos escolares de una etapa educativa (los contenidos y los criterios de evaluación) son en Finlandia, uno de los principales referentes educativos mundiales, unos “libritos pequeños”, afirma Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación. En España, en cambio, en caso de que se editasen constituirían unos mamotretos difícilmente manejables de más de un millar de páginas. Los nuevos currículos serán mucho más cortos y menos enciclopédicos. “Confiarán más en el profesorado y en su criterio sobre lo que deben hacer para desarrollarlos. Los actuales es como si tuvieran que decir a los docentes absolutamente todo lo que deben hacer”, dice Tiana.
Los currículos actuales son, según expertos como Francisco Luna, exdirector del Instituto Vasco de Evaluación, tan exhaustivos que generan “aburrimiento en muchos estudiantes y frustración en muchos docentes”, al no poder completarlos por mucho que corran durante el curso. La idea es dar paso a otro modelo centrado en los elementos esenciales, que, como expuso hace unos días el catedrático de Psicología Evolutiva de la Universidad de Barcelona César Coll en un debate sobre la reforma del currículo, renuncie “a intentar satisfacer todas las necesidades de aprendizaje en la etapa inicial, porque cada vez hay más complejidad y resulta imposible”. Y se centre en fortalecer la competencia llamada de aprender a aprender, necesaria para seguir formándose a lo largo de su vida”. “Informes como los de TIMSS —una prueba internacional cuyos recientes resultados dan una imagen poco favorable del sistema educativo español— ponen de manifiesto problemas en el aprendizaje de las matemáticas desde primaria. Hay que cambiar y poner el foco en aquello fundamental sin lo cual a los alumnos les va a costar avanzar después”, sigue Tiana. Las reformas emprendidas en lugares como Portugal, Gales y Quebec, van en el mismo sentido.
El ministerio ha invitado a las comunidades a participar en las comisiones que han empezado a elaborar la parte básica del currículo (lo que conoce como enseñanzas mínimas), a diferencia de lo que sucedió en otras reformas. El objetivo es que el proceso sea más ágil y el resultado más coherente. Porque una vez que el Gobierno fije su parte, cada consejería de Educación debe redactar su parte del currículo, que para las comunidades con lenguas cooficiales supone el 50% del total y para las que no la tienen, el 45%.
Los nuevos currículos empezarán a aplicarse, señala la ley, “en el curso escolar que se inicie un año después de la entrada en vigor” de la norma —es decir, en el curso 2022-2023— en los cursos impares. Y uno más tarde —el 2023-2024— en los pares. Se hace así porque en primaria los cursos están organizados en ciclos de dos años y se considera mejor no implantar la reforma a mitad de los mismos. Lo mismo vale para el bachillerato, que tiene dos cursos. En secundaria, pese a no haber ciclos, se ha optado por el mismo esquema progresivo.
Un nuevo modelo de profesorado
La ley da un año al Gobierno para presentar, tras consultarlo con las autonomías y los representantes de los profesores, una amplia revisión de la profesión docente. Desde la formación que reciben en la universidad, a su carrera profesional, pasando por las oposiciones que dan acceso a puestos fijos en las escuelas e institutos públicos.
La reforma del sistema de oposiciones incluirá la renovación de los temarios, sobre lo que hay consenso. “Algunos mantienen cierta vigencia, pero otros, como el de Informática, están absolutamente desfasados”, afirma Pedro Andreu, del sindicato STES. Y los actuales exámenes serán sustituidos “por pruebas que no sean fundamentalmente memorísticas”, dice Tiana. “Que los docentes tienen que saber cosas está claro, pero que las pruebas consistan básicamente en que demuestren que las saben, no. Tiene que haber una parte aplicada. En la actualidad esto está cubierto por las programaciones que presentan los candidatos, pero hay que revisar si es el mejor modo. En todo caso, deberá adecuarse al nuevo modelo de enseñanza que queremos implantar”, añade.
La ley da un año al Gobierno para presentar el plan, pero eso no quiere decir que los cambios deban materializarse entonces. Por lo que respecta a las oposiciones, las normas no verán la luz hasta, por lo menos, entrado 2022. Los cambios no se aplicarán a las convocatorias que estén entonces activas y se dejará un periodo de transición posterior para no perjudicar a quienes sorprendan estudiando.
Elevar la exigencia en el acceso a las carreras de Educación Infantil y Primaria, para la que ahora basta en la mayoría de casos con un cinco, y al Máster de Secundaria, para el que suele ser suficiente con ser graduado, podría ser útil para mejorar el nivel de los docentes. Pero las notas de corte son el resultado de la oferta de plazas que hacen las universidades (en este caso, muy amplia), y la demanda. Una posibilidad sería introducir una prueba de acceso, al estilo de lo que sucede en Finlandia y, dentro de España, en Cataluña (donde en torno a un tercio de los aspirantes suspende los exámenes de matemáticas y comprensión lectora de los que consta). Pero no hay ninguna decisión tomada y los cambios que se adopten serán fruto de las negociaciones que mantiene el ministerio con los decanos de las facultades de Educación.
Uno de los aspectos que se está abordando es la necesidad de dar mayor peso a las prácticas en la formación de los futuros docentes. La voluntad es ir hacia un modelo de prácticas tuteladas por profesores en ejercicio —de ahí que se hable de MIR del profesorado, por la comparación con el modelo de Médico Interno Residente que ha dado buenos resultados en los titulados en Medicina—. Antes de la pandemia se planteó que duraran un año. Pero Tiana afirma que el modelo puede ser diferente para los maestros de infantil y primaria (que disponen de cuatro años de carrera para distribuir las prácticas) y los del máster del profesorado (que dura uno o dos años).
La revisión de la profesión incluirá la creación de un estatuto de la función docente que recoja la carrera profesional, una materia pendiente desde hace décadas y que en 2007, recuerda Maribel Loranca, responsable educativa de UGT, se frustró por falta de financiación. Loranca defiende que se amplíen las vías de promoción, que hoy son muy limitadas. Un maestro de primaria puede presentarse a director o estudiar para convertirse en inspector de educación o en profesor de secundaria, pero no tiene posibilidades de promocionar manteniendo su puesto de maestro, si eso es lo que le gusta hacer, señala. Además de introducir incentivos salariales el ministerio baraja incorporar otros, como ofrecer la posibilidad de participar en la formación de los nuevos docentes.
El salto en educación infantil
El Ejecutivo dispone de 12 meses para presentar un plan a ocho años que revolucione la primera etapa educativa. El ministerio aprobará unos requisitos mínimos (ahora solo hay normativa autonómica) sobre las condiciones que deben cumplir el personal y las instalaciones. Y lanzará un plan para aumentar las plazas, que ahora están repartidas a partes casi iguales entre la red pública y la privada, y alcanzan a poco más de un tercio de los niños.
La ley preveía un ritmo tranquilo —casi una década para avanzar “hacia una oferta pública suficiente y asequible”—. Pero los planes de recuperación, patrocinados por la UE, van a acelerarlo, porque se prevé una inyección de más de 600 millones en los próximos tres años (200 el curso que viene). Y a esa cantidad que aportará el Gobierno habrá que sumar lo que destinen el resto de actores implicados, básicamente comunidades y Ayuntamientos.
El aumento de plazas será sobre todo público, según contempla la ley. El objetivo, señala Tiana, es alcanzar en el conjunto de España la cobertura que tienen las comunidades más avanzadas, donde ronda el 55%. “¿Por qué no al 100%? Porque si estás ampliando las bajas maternales y paternales para que los niños puedan pasar los primeros meses atendidos por los padres, el objetivo no es que desde los cero años se escolaricen todos”, responde el secretario de Estado. “El porcentaje será más bajo en el primer curso, subirá al siguiente y será más alto en las clases de dos años”.
FUENTE: elpais.com
