Lydia Garrido www.elpais.es 24/11/2009
El Tribunal Supremo rechaza el recurso presentado para obligar a la Generalitat a demoler las obras del monumento de Sagunto.
El Teatro Romano de Sagunto no se toca. Así lo ha decidido el Tribunal Supremo. Los magistrados de la sección primera de la sala de Lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal han desestimado el recurso de casación presentado por el abogado y ex diputado del PP Juan Marco Molines, en el que instaba a que se hiciera efectiva la sentencia en la que el propio Tribunal Supremo declaró las obras ilegales y el auto posterior en el que instaba a que se cumpliera. Con esa respuesta, el Tribunal Supremo convierte en firme el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) en el que argumentó contra la reversión las obras de rehabilitación del Teatro Romano porque no se garantizaba que el monumento volviera al aspecto que tenía cuando se realizaron a finales de los años ochenta. Existía, dijo, «causa de imposibilidad legal» para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo.
El alto tribunal confirma la imposibilidad legal de revertir las obras
Las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto fueron aprobadas por la Consejería de Cultura de la Generalitat en 1988. Los arquitectos encargados de ellas fueron Giorgio Grassi y Manuel Portaceli. Fue una decisión que se convirtió en polémica política. El PP encabezó una lucha por dar al traste con un ambicioso proyecto de recuperación del monumento saguntino que había sido promovido por el Gobierno autonómico, entonces socialista, y la corporación local, también del PSPV. Y en 1993, Juan Marco Molines, abogado y entonces diputado popular, llevó el asunto a los tribunales.
En el camino judicial, la escena política ha cambiado y ha resultado que la propia Generalitat ha tenido que argumentar en contra de la sentencia que declaró ilegales las obras (por cuestiones normativas) y el auto que obligaba a levantar las placas de mármol que modificaban la cávea y rebajar la altura del muro de cierre de la escena. El PP se ha tenido que enfrentar a las consecuencias de lo que instigó porque en 1995 ganó el Gobierno de la Generalitat. Y poco después, de Sagunto, cuyo Ayuntamiento ha sido parte en el procedimiento.
Tras una sucesión de decisiones judiciales, el 6 de abril de 2009, ya en incidente de inejecución de sentencia, planteado por la Generalitat valenciana, el TSJ consideró que no se podía ejecutar el fallo del alto tribunal del año 2000, en el que ordenó revertir a su estado original las obras de restauración realizadas en el Teatro Romano. Recursos, informes periciales, prórrogas para la toma de decisiones, terminan ahora con la desestimación del recurso de Marco Molines.
En realidad, la inadmisión obedece, como dice el alto tribunal, a que incumple los preceptos legales, no lo ha hecho como la norma establece. Y le impone las costas.
