Manuel Conejos / Valencia www.abc.es/abc 30/10/2005
Un total de siete términos municipales verían afectados sus lugares de interés cultural por la nueva conducción que plantea el Ministerio de Medio Ambiente.
Poblados íberos y romanos, alquerías medievales, cuevas de la edad de bronce, santuarios, asentamientos, necrópolis islámicas, fortalezas, villas o restos urbanos del pasado inmemorial, son algunos de los yacimientos arqueológicos que pueden verse afectados por la nueva conducción que plantea el Ministerio de Medio Ambiente de Cristina Narbona para el trasvase Júcar-Vinalopó.
Se sabía que numerosos lugares de interés paisajístico, o de alto valor ecológico se verán afectados si se lleva a cabo el movimiento de tierras que exige la nueva conducción de la toma de agua en el azud de La Marquesa en Cullera. Esta situación alarmó a la Conselleria de Territorio y Vivienda que dirige Rafael Blasco, quien advirtió que protegerá esas zonas del territorio valenciano de cualquier agresión urbanística.
Historia frente a obras
Ahora, se suman los yacimientos arqueológicos, que en la web de Aguas del Júcar se pueden contemplar. En total son 157 los enclaves que pueden verse afectados por el trazado, aunque de ellos, son 19 los que podrían imponer condicionantes a la realización de las obras.
Esos 19 yacimientos pertenecen a siete términos municipales (Cullera, Bellús, L´Olleria, Montesa, Vallada, Moixent y La Font de la Figuera) que a buen seguro no estarán de acuerdo con el paso de esa conducción si afecta a lugares de alto interés cultural -ya que hay enclaves que datan incluso de épocas tan remotas como el paleolítico-.
Los otros yacimientos arqueológicos que, en teoría se verían menos afectados (aunque Cultura debería dictaminar al respecto), pertenecen a otros cinco municipios, concretamente Llaurí, Alzira, Carcaixent, Xátiva y Canals.
Trabas a la Declaración de Impacto
Estos condicionantes culturales del pasado de cada municipio no hacen sino aumentar las trabas para que el Ministerio obtenga la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental para su nuevo proyecto constructivo (que debe presentar en Bruselas).
En un proyecto que no tuviera esta problemática, los trámites para obtener el permiso de la Conselleria de Cultura oscilarían entre uno y tres meses, pero las afecciones arqueológicas y etnográficas que presenta la conducción desde el azud de La Marquesa pueden demorar «sine die» el visto bueno.
Los movimientos de tierras siempre son vigilados con lupa por los técnicos de la Conselleria de Cultura que observan sobre el terreno si los informes de la empresa constructora recogen con detalle todos los emplazamientos que se localizan en el lugar.
Realización de catas para inspeccionar el subsuelo de la zona por donde pasará la conducción, garantía de una zona de seguridad a ambos lados del yacimiento…, y así un largo pliego de exigencias deben ser cumplidas para la protección de estos espacios culturales.
Hay que recordar que declaraciones de impacto ambiental como la del AVE entre Valencia y Castellón llevan ya dos años de tramitación y no han encontrado estos obstáculos arqueológicos, así que el gabinete de Cristina Narbona tendrá difícil avanzar con celeridad en los trámites que se exigen por parte de Bruselas.
La exigencia de la UE se centra en tener un proyecto constructivo nuevo para mayo del próximo año, lo que se antoja difícil porque después de superar tantas barreras deberán comenzar los inevitables trámites administrativos como son la exposición públicas, el periodo de alegaciones, la incorporación de alegaciones al proyecto, la licitación, la adjudicación y finalmente la ejecución.
Los fondos europeos para este proyecto del Júcar-Vinalopó están fijados para el horizonte de diciembre de 2008, fecha en la que el Gobierno español debe mostrar a la UE el certificado de terminación de obras del mismo. No parece pues haber tiempo material para su realización, pese a que desde el ministerio de Medio Ambiente se ha aludido durante la presente semana al carácter de interés general del trasvase, lo que podría allanar parte del camino burocrático.
En cualquier caso, el justificante para el cambio de toma (asegura Medio Ambiente que hay algo más de agua para trasvasar) no parece suficiente para abortar el trazado original que tenía un impacto leve y menor coste.
