Santiago Belausteguigoitia | Sevilla www.elpais.com 07/01/2009
Mañana acaba el plazo para que los particulares informen de sus posesiones.
Por Andalucía pasaron los fenicios, los romanos, los visigodos, los bizantinos, los árabes, los reconquistadores cristianos, los invasores del ejército napoleónico… El resultado de una historia tan agitada es un fabuloso patrimonio arqueológico. La Junta ha anunciado la conclusión, mañana 8 de enero, del plazo de un año para que «los poseedores de objetos y restos materiales integrantes del Patrimonio Arqueológico comuniquen a la Consejería de Cultura sobre los mismos». Por ejemplo, un hombre que posea unas ánforas romanas o unas monedas visigodas «tiene que comunicar su existencia a la Consejería de Cultura y hacer una relación detallada que incluya su identificación, descripción, localización y título de adquisición válido en derecho», comenta Juan Manuel Becerra, jefe de servicio de Protección de Patrimonio Histórico. La medida responde a lo establecido por la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía de 2007.
«La Administración quiere saber qué patrimonio arqueológico hay y dónde está. No condenamos a nadie. La Consejería de Cultura no va a coger nada. Sólo pide que se informe de lo que se tiene. No dice que se entregue», recalca Becerra. La directora general de Bienes Culturales, Guadalupe Ruiz, señala que la gente está respondiendo positivamente al llamamiento. Becerra recalca que «ha habido gente que entregó cosas en los ayuntamientos» de su pueblo. «Tras la Operación Tertis hubo personas que se asustaron y hubo una tendencia a donar monedas y objetos pequeños a los ayuntamientos», agrega Becerra.
La Operación Tertis, impulsada por la Guardia Civil, asestó en 2007 un duro golpe al expolio arqueológico en Andalucía y Extremadura. La operación concluyó con la detención de 52 personas y la intervención de 300.000 piezas de origen fenicio, ibérico, romano, visigodo y árabe. Un total de 31 yacimientos de Sevilla (14), Badajoz (11), Cádiz (3), Málaga (1), Huelva (1) y Jaén (1) fueron objeto del saqueo de los detenidos, entre los que figuraban 30 expoliadores, 13 intermediarios en la venta de piezas y nueve coleccionistas.
Becerra hace hincapié en que el problema del expolio es que cuando se expolia una moneda se está destruyendo todo el contexto histórico en el que se sitúa la pieza. E insiste en que el concepto de patrimonio arqueológico abarca desde una moneda fenicia hasta «elementos de la Guerra Civil. Por ejemplo, se están protegiendo casamatas [emplazamientos fortificados de piezas de artillería] de la Guerra Civil en Almería. Estas casamatas se usaban para la defensa de la costa».