Madrid / EFE 04/12/2005

La Cultura Clásica y el Latín continúan sin ser materias obligatorias en ninguno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) después de que la Comisión de Educación y Ciencia del Congreso haya modificado con enmiendas el proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE).

Lo denuncia en un comunicado la Sociedad Española de Estudios Clásicos (SEEC), que también defiende la presencia del Latín y del Griego como materias de modalidad en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales, ya que todas estas asignaturas contribuyen a ‘conocer las raíces y valores de la cultura occidental’.

Unicamente, la Cultura Clásica se mantiene en la ‘oferta’ de materias optativas que los alumnos podrán estudiar en ‘el conjunto’ de los tres primeros cursos de la ESO, y el Latín entre las ocho optativas de cuarto, de las que deberán escoger tres, en tanto que el Griego no es citado.

Tampoco gusta el proyecto legislativo a la Federación Sindical de Profesores de Secundaria (FPS), ni el acuerdo del Gobierno y el PSOE con los centros concertados religiosos agrupados en FERE-CECA y EyG, logrado en una negociación ‘sin transparencia’, según dicen en una nota.

FPS cree que se ha dado la espalda definitivamente a la Educación Secundaria pública, que se ‘hundirá aún más’.

‘La impresión es que no existían más problemas en nuestro sistema educativo que la asignatura de religión y los módulos de la concertada’, lamentan los profesores.

El descontento alcanza también al Sindicato de Estudiantes (SE), que ha remitido una carta ‘abierta’ a IU, CCOO, UGT y a la confederación de padres CEAPA para organizar una ‘gran movilización’ en defensa de la escuela pública.

‘No entendemos que estas organizaciones estén valorando positivamente el acuerdo que ha impulsado la dirección del PSOE y que ha escorado la LOE aún más a la derecha’, comenta el secretario general del SE, Juanjo López.

CCOO, UGT, CEAPA y las organizaciones estudiantiles CANAE y FAEST han firmado un manifiesto conjunto a favor de la educación como un ‘servicio público de calidad para todos’, en el que reclaman una ley de financiación de la enseñanza y un gasto educativo del 6 por ciento del PIB y atención a la diversidad del alumnado en todos los centros mantenidos con fondos públicos en condiciones de equidad.